Resulta algo extraño hablar de la importancia del Mercado Interior cuando desde varios flancos se amenaza con su desmembramiento (piensen en los casos británico o catalán), o cuando la máxima del «sálvese quien pueda», imperante en momentos de crisis económica, puede suponer una traba para la búsqueda de una solución conjunta en las instituciones comunitarias que pasa necesariamente por ampliar lo que tenemos en común y unificar materias que hasta el momento, salvo en aspectos tangenciales, han formado parte del núcleo intransferible de la soberanía de los Estados miembros. Sin embargo, una reflexión siquiera ligera sobre estas amenazas nos permiten hacer una primera y no muy científica afirmación: Algo bueno debe suponer la pertenencia al Mercado Único cuando quienes echan el órdago a la grande tratan de minimizar las consecuencias de la segregación, proponiendo soluciones (cuya viabilidad no toca ahora analizar) que les permitan seguir beneficiándose de los logros alcanzados hasta la fecha; o cuando en plena crisis económica se habla de la necesidad de completar el Mercado Interior como uno de los medios fundamentales para salir de la crisis.
En efecto, son muchos los avances logrados hasta el momento en relación con el Mercado Único que justifican la voluntad de los separatistas de seguir formando parte, de un modo u otro, de él; y que explican que, incluso los Estados miembros más reticentes a ceder parcelas hasta ahora transitadas en exclusiva, vean en la profundización del Mercado Interior, acompasada con avances considerables respecto a la unión bancaria y fiscal que hagan posible una unión monetaria más sólida, la salida a una crisis económica que sería difícil dejar atrás de manera individualizada. En palabras de Mario Monti, a quien la Comisión Europea encargó un informe sobre la reactivación del Mercado Interior, «el mercado único es menos popular que nunca, pero es más necesario que nunca».
El Mercado Interior es concebido en el artículo 26, apartado 2, del TFUE como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados. Este espacio sin fronteras interiores, que ya estaba previsto en los Tratados constitutivos de los años cincuenta del siglo pasado bajo la denominación de Mercado Común, ya es hoy una realidad. Ello explica que a finales del año 2012 se celebrara el simbólico vigésimo aniversario de la consecución del Mercado Interior, logrado tras la puesta en marcha de las medidas acordadas a través del Acta Única Europea de 1986, en la que se fijó el 31 de diciembre de 1992 como la fecha límite para que aquéllas fueran ejecutadas.
Esta realidad es bien visible para los ciudadanos europeos cuando constatan que las fronteras interiores entre los Estados miembros han sido derribadas al desplazarse en el interior de la Unión Europea a fin de realizar una actividad profesional, educativa o simplemente por placer; o al poder acceder a mercancías procedentes de otros Estados miembros debidamente etiquetadas y con ciertas garantías de seguridad. Para los veintiún millones de empresas que operan en la Unión Europea, la realidad del Mercado Interior se manifiesta en la forma de un mercado potencial de 500 millones de consumidores, donde las mercancías pueden ser comercializadas en cualquier Estado miembro sin someterse a aranceles aduaneros u otras trabas de efecto equivalente.
Y, sin embargo, pese al importante avance que ha supuesto la supresión de fronteras internas, continúan existiendo barreras, más sutiles y menos visibles, que siguen obstaculizando la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y que son mucho más difíciles de eliminar. A modo de ejemplo, cabe citar los fatigosos trámites burocráticos a que deben someterse muchos profesionales para ver reconocidas sus cualificaciones en otro Estado miembro a la hora de acceder a un puesto de trabajo, las trabas que encuentran muchos trabajadores a la hora de acceder a determinadas prestaciones sociales como consecuencia de las disparidades existentes en los sistemas nacionales de seguridad social; la existencia de importantes obstáculos fiscales que dificultan la circulación de mercancías, la importante disparidad de precios en relación con la energía debida a las diferentes normas fiscales nacionales; la inseguridad que experimentan los ciudadanos a la hora de contratar un bien o servicio por Internet que dificulta la expansión del comercio electrónico, o las importantes trabas halladas para que los operadores económicos puedan hacer efectiva su libertad de establecimiento.
Conscientes de todo ello, desde las instancias comunitarias se han realizado varias propuestas recientes que pretenden revitalizar el Mercado Interior. Dichas propuestas se encuentran fundamentalmente en el Acta del Mercado Único I de 13 de abril de 2011 y en el Acta del Mercado Único II de 3 de octubre de 2012 que complementa a la primera; en ambas se presentan distintas iniciativas para lograr un avance definitivo en la consecución del mercado unitario que pasan por adoptar medidas (fundamentalmente legislativas) en torno a temas tan dispares como la fiscalidad, la contratación pública, las patentes, la movilidad de trabajadores, la insolvencia de las empresas, la creación de sistemas de resolución online de conflictos relativos al comercio electrónico, etc. Muchas de estas medidas ya son una realidad vigente como consecuencia de la aprobación de la correspondiente norma comunitaria, mientras que otras están en fase de propuesta o en etapas más incipientes de elaboración. En todo caso, existe un compromiso por parte de todas las instituciones comunitarias implicadas en el sentido de que todas las propuestas legislativas se tramiten por el procedimiento acelerado a más tardar en la primavera de 2014.
Con todo, al igual que ha ocurrido a lo largo de las distintas etapas por las que ha atravesado el Mercado Interior durante todos estos años, sólo se podrá afirmar el éxito de tales iniciativas cuando los avances logrados sean una realidad visible para el ciudadano europeo y con ello se recupere la confianza en unas instituciones comunitarias que hoy se presentan enmarañadas en un sistema de contrapesos políticos y demasiado pendientes de los resultados electorales o de las resoluciones judiciales de un solo Estado miembro como para presuponerles la capacidad necesaria para adoptar decisiones de calado que permitan avanzar en la consecución de una economía europea fuertemente integrada, presidida por el principio de la solidaridad.
M.ª Mercedes Curto Polo
Prof.ª Titular de Derecho Mercantil
Máster de Derecho en la Unión Europea,
Colegio de Brujas (Bélgica). Promoción Walter Hallstein
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