Iniciativa Ciudadana Europea: crear Europa «con» los ciudadanos

La crisis de confianza a la que se enfrentan nuestras democracias representativas afecta desde hace tiempo también a la Unión Europea y sus instituciones.  El índice de abstención es elevado: un 57% en las elecciones de 2009 (un 2,5 más que en 2004) y las previsiones para la próxima cita electoral no parecen mejorar, siendo alarmante el aumento del euroescepticismo debido a la paradoja de que la Unión Europea es vista por los ciudadanos como poco activa en la resolución de sus problemas, por un lado, y por otro excesivamente intervencionista especialmente en materia monetaria y económica. Esta percepción no se ajusta a la realidad puesto que muchas medidas de protección de consumidores (también de productos financieros como hipotecas), del medio ambiente o de afianzamiento de la democracia, como la transparencia, han sido incluidas en nuestros países gracias a la pertenencia a esa realidad supranacional. Por otro lado, las medidas económicas de control no habrían sido posibles si los gobiernos y parlamentos no hubieran consentido su aplicación, como sucedió con la reforma constitucional que  permitió que desde la Unión se fijara el límite de endeudamiento de cada país.

En los países de nuestro entorno esta desconfianza arroja resultados alarmantes. En el presente mes de noviembre la prensa francesa habla de pesimismo hacia la clase política o antipolítica  como lo califica el diario París Match, o la encuesta de Le Journal du Dimanche de 17 de noviembre sobre el problema de popularidad de los políticos del país. En Italia, el ejemplo de esta situación fueron los votos que con ese discurso captó el Movimiento Cinco Estrellas en las últimas elecciones nacionales. En España, el movimiento de indignados que sacó a ciudadanos a las calles el 15 de mayo de 2011 fue otro ejemplo de ese clamor de falta de identificación ciudadana con la clase política y las instituciones. Por ese motivo es indispensable  que gobiernos e instituciones tomen medidas para reforzar la confianza y motivar el acercamiento para reforzar nuestras democracias. El gobierno abierto ha supuesto esta búsqueda de puntos de encuentro utilizando las nuevas tecnologías como mecanismo para informar a la ciudadanía de la actividad que se desarrolla como modo de llegar a la transparencia institucional y creando espacios de deliberación y de democracia transaccional y participativa.

El Consejo de Europa emitió el 1 de junio de 2010 un Informe bajo el título Democracy in Europe: crisis and perspectives. El clarificador título describe la situación en las instituciones y la necesidad de emprender cambios en la democracia. Entre ellos se alentaba a pasar de una democracia representativa a una deliberativa y participativa; mejorar la educación en asuntos públicos; acabar con las políticas cortoplacistas y pasar a resolver problemas a largo plazo; humanizar y democratizar la globalización y crear democracias transaccionales.

Una de las medidas que sin duda ha intentado ese acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones ha sido la Iniciativa Ciudadana Europea.  Resultado del Tratado de Lisboa, permite a los ciudadanos la posibilidad de participar en el poder legislativo de la Unión. Esta herramienta de participación ciudadana en Europa permite que un millón de ciudadanos procedentes de siete Estados miembros puedan pedir a la Comisión Europea la proposición de una ley en alguno de los ámbitos de las competencias que tiene asignadas: agricultura, medio ambiente, transportes o salud pública.

La regulación de este mecanismo de participación se encuentra en el Reglamento (UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre la iniciativa ciudadana. La norma permite participar a todos los ciudadanos de la Unión mayores de 18 años (16 en Austria) que tengan derecho a voto en las elecciones Europeas. No se permite, por tanto, que organicen estas iniciativas las organizaciones. Solo pueden hacerlo los ciudadanos.

El procedimiento exige crear un comité con al menos siete miembros de siete países de la Unión, que se encargarán de organizar la iniciativa. Ésta se gestiona a través de una web que administra la Comisión Europea. El comité deberá recabar firmas en papel o mediante un sitio web que deben crear los organizadores (garantizando la protección de datos y seguridad). Se ha cerrado el primer plazo de recogida de declaraciones en este mes de noviembre para las ocho primeras iniciativas y en pocos días sabremos cuántas han conseguido un millón de firmas, entre ellas, tres afirman haberlo hecho: Right2Water: El derecho de agua y el saneamiento como derecho humano, One of Us, que pretende que la UE deje de financiar actividades que supongan la destrucción de embriones humanos, Stop Vivisection: freno a la vivisección.

En la actualidad la mayor parte de las iniciativas se encuentra en proceso de validación de firmas por parte de sus autoridades nacionales (tres meses) y la Comisión deberá decidir cómo actuar en un plazo de tres meses. Por tanto, en medio año, los organizadores podrán presentar la iniciativa ante el Parlamento Europeo por primera vez y la Comisión mediante una Comunicación explicará qué medidas pretende adoptar.

En 2014 veremos qué sucede con estas iniciativas. La Comisión tendrá el papel de legitimar las mismas y de incentivar la figura si acepta proponer los cambios (o al menos parte de los mismos) al Parlamento. En cambio, si la Comisión, tras el difícil proceso de recogida de firmas, desiste de incluir la propuesta puede tener un efecto muy negativo en la percepción ciudadana y el acercamiento a las instituciones. Al final, ellos deciden, esperemos que sea para acercar a instituciones y ciudadanos y reforzar nuestras democracias y para que todos sintamos que la Unión Europea decide no sólo para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. 

Zulima Sánchez Sánchez,

Profesora Contratada Doctora (acreditada TU)

Área de Derecho Administrativo

Universidad de Salamanca